PROYECTO NACIONAL
Un aporte a nuestra cultura histórica y "quizás" una probable solución a los problemas que vive la Argentina.

 

 

SEGUNDA PARTE

EL MODELO ARGENTINO

DESARROLLO

CAPÍTULO 4

EL ÁMBITO ECONÓMICO

Caracterización general

Los principios y medidas generales que el Modelo Argentino propone en el campo económico deben comprenderse como justificados y fundados en las bases filosófico-políticas previamente delineadas. Es por eso que, en varias oportunidades, he sostenido que la dimensión política es previa al ámbito económico.

El Justicialismo comprende a lo económico como naturalmente emanado de un proyecto histórico-político de carácter intrínsecamente nacional, social y cristiano.

En tal sentido, el objetivo fundamental es servir a la sociedad como un todo, y al hombre no sólo como sujeto natural sometido a necesidades materiales de subsistencia, sino también como persona moral, intelectual y espiritual.

En rigor nuestra concepción tampoco supone que la búsqueda del beneficio personal invariablemente redunda en el bien de toda la sociedad.

Por el contrario, la actividad económica debe dirigirse a fines sociales y no individualistas, respondiendo a los requerimientos del hombre integrado en una comunidad y no a las apetencias personales.

Esta interpretación amplia y solidaria de la actividad económica, llevará implícita una definición clara del concepto de beneficio, ubicándolo, no ya como un fin en sí mismo, lo que daría como resultado una utilización de los recursos en función de un individuo egoísta, sino como la justa remuneración del factor empresarial por la función social que cumple.

Preservamos así el estímulo para fomentar el incremento de la gestión empresarial privada, con su dinamizadora dosis de creatividad, pero enmarcada en un contexto donde debe prevalecer una distribución socialmente justa.

La esencia de nuestra Tercera Posición consiste en anhelar una sociedad eminentemente creativa y justa, en la cual la conducción económica pertenezca al país como comunidad armónica y donde los logros económicos no atenten contra la libertad y la dignidad del hombre.

Pero cada uno de mis conciudadanos debe tener muy en claro que la única posibilidad de que lo anteriormente expuesto no quede en meras expresiones de deseo, depende en que todos los argentinos participen de una profunda revolución ética, que en verdad implica una auténtica toma de conciencia cristiana.

Nuestra concepción económica no es aséptica, no puede aplicarse como un conjunto de medidas técnicas si no está integrada en una visión del hombre y el mundo de carácter radicalmente nacional.

Para la conformación económica de nuestra sociedad, resulta indispensable obtener la coincidencia generalizada de todos los sectores, hecha realidad a través de un compromiso firme, estable y por ende cuidadosamente elaborado a través de lo que será el Proyecto Nacional.

Necesidad de considerar el ámbito supranacional

Hasta el momento ha prevalecido en casi todos los países la concepción restrictiva de desplegar la actividad económica con
el sólo fin de lograr el máximo bienestar para sus habitantes. De ahora en más el panorama se amplía, tendiendo a aunar esfuerzos en el nivel regional e internacional a fin de, en mutua colaboración, elevar las condiciones de vida de la sociedad universal del porvenir.

El mundo del futuro se está orientando hacia nuevas formas donde ya no tendrá sentido analizar los problemas como exclusivamente nacionales. Será preciso condicionarlos a la evolución general de la humanidad, en la que el progreso de la ciencia y la tecnología por una parte, y la expansión demográfica por la otra, influirán decisivamente sobre los sistemas socioeconómicos. Por lo tanto las soluciones de los diversos problemas en el nivet nacional, no podrán ser logradas plenamente, si buscan su concreción exclusivamente dentro del país, como si éste fuera un compartimiento estanco.

Toda labor económica se hace efectiva persiguiendo metas determinadas y considerando las restricciones propias de las circunstancias. En tal sentido el futuro exigirá perseguir metas mundiales en función de posibilidades también mundiales. Por consiguiente, en la medida que la Argentina oriente su accionar económico en tal dirección será mayor su trascendencia en el orden internacional.

El desarrollo no debe quedar en manos de unos pocos, o de grupos poderosos, como tampoco debe responder a la concepción de una sola comunidad política o de las naciones más fuertes. Por el contrario, todos los sectores dentro de cada país y el conjunto de las naciones en el orden internacional deben participar en dicha tarea.

Esto no constituye una utopía, pero tampoco es tarea fácil de lograr, particularmente en un mundo convulsionado política e
ideológicamente, donde el interés privado prevalece sobre el interés social.

Es necesario avanzar gradualmente, por etapas, evitando las formas violentas de cambio que sólo significan tremendos costos sociales para cualquier comunidad organizada. Los acuerdos en el nivel nacional y las integraciones regionales son el primer paso trascendente para alcanzar la meta propuesta y para ello el país debe estructurarse como un verdadero sistema. En él debe disponerse de un medio que oriente las realizaciones como entiendo debe ser el Proyecto Nacional.

Necesidad del acuerdo interno

Difícil resultará integrarse dentro del marco regional y más aún del internacional si previamente no establecemos las bases
de acuerdo dentro del país.

Se deben definir las políticas en las distintas actividades y comprometer a todos los sectores sociales. Cada uno en su función
deberá realizar una tarea solidaria para aprovechar al máximo la capacidad creativa del país.

Los compromisos que se contraigan serán concretos, efectivos y estables, independientemente de quién ejerza el liderazgo o el
gobierno, porque éste es circunstancial, mientras que aquellos deben ser permanentes, aun cuando actualizables.

Los planes de desarrollo constituyen la expresión económica de este acuerdo general e indican el camino y las metas a lograr,
basadas en apreciaciones sensatas y acordes con la realidad presente y la estimación del futuro. La planificación desmedida conduce inexorablemente a la pérdida de la libertad y de la creatividad, o bien a la subestimación y abandono de los fines perseguidos, mientras que la falta o insuficiencia de la acción planificada conduce al derroche de recursos, debilita y —finalmente— deja a la Nación a merced de los poderosos.

Las necesidades y la oferta de bienes y servicios

Resulta paradójico observar cómo en un mundo que siente cada día con mayor fuerza la presión de la escasez de los recursos
primarios, algunas concepciones tratan por todos los medios de fomentar el consumo en forma irracional y dispensiosa. Esto no
sólo toma cada día más oscuras las posibilidades de las generaciones futuras, sino que refuerza los lazos de dependencia especulativa de grupos e intereses privados reñidos con el interés de la comunidad.

La exigencia de una sociedad plenamente realizada no sólo implica pensar en el presente sino también en el futuro. Para ello
debemos regular y analizar las necesidades dando preeminencia a las más auténticas, compatibilizándolas con nuestra liberación dentro de un marco de Democracia Social.

A tal fin sena conveniente que existiesen los medios que identifiquen objetivamente esas necesidades con el propósito de canalizarlas y sugerir su satisfacción, aun cuando el Pueblo no haya llegado a expresarlas en forma de demanda concreta.

Lo afirmado precedentemente implica reconocer que la demanda no puede ni debe ser identificada exclusivamente a través
del mercado, sino que requiere algo de mayor contenido social.

Para lograrlo será necesario previamente establecer una escala de valores a partir de la cual el patrón de demanda se ajuste a la concepción social y universalista.

La oferta interna de bienes y servicios deberá, entonces, responder a esta demanda y para ello todas las fuerzas productivas
coordinarán su acción a fin de lograr una sociedad realizada en los términos expresados.

La preservación de nuestros recursos, particularmente los agotables, el permanente control sobre ellos y sobre el proceso productivo son requisitos indispensables que de no alcanzarse harán naufragar cualquier intento de desarrollo y real independencia.

La producción y el aprovechamiento de los recursos

Es habitual, cuando se hace referencia a la producción, centrar fundamentalmente la discusión en dos grandes áreas: nivel de
autosuficiencia económica y papel del Estado en el proceso productivo.

Tal vez en el pasado, donde se procedía entendiendo al país como compartimento estanco y donde las concepciones ideológicas se alineaban en posiciones extremas, dicha discusión tenía algo de sentido. En la época actual y para mentes con visión de futuro, enfoques de tal naturaleza carecen de lodo valor.

Es indudable que si hacemos referencia a un mundo que tiende cada día más a acelerar su integración y a coparticipar en la solución del problema de la escasez de recursos, tratando de incrementar el comercio internacional y de integrarse en el proceso productivo, resulta pueril y contradictorio dispersar esfuerzos.

Esto no implica aceptar o mantener las estructuras productivas tal como están, consolidando la dependencia. Nuestra Argentina
cuenta con una naturaleza pródiga en recursos, una mano de obra cualitativamente comparable a la que poseen países con un elevado desarrollo y un grupo empresario creativo y pujante.

Dicho en otros términos, se dan las condiciones para armonizar una estructura económica agropecuaria con otra industrial,
sin que el progreso de un sector se logre a costas del otro.

Lo fundamental es que cada producto que salga al mercado y en particular al internacional, cuente con el mayor valor agregado que los factores de la producción permitan, y por otra parte, que se consolide una integración del proceso productivo en el nivel regional interno, continental y finalmente universal.

El pleno empleo de los recursos tendrá entonces un verdadero y sólido sentido, no tomará la forma de una expresión de deseos
de plataforma política con fines electorales.

De nada servirá disponer de generosos recursos naturales, si éstos permanecen inexplotados; es imprescindible orientar los
mayores recursos para utilizar particularmente aquéllos que se poseen en forma abundante en relación con las propias necesidades, pero sin perder de vista un uso racional para los agotables.

Es aquí donde el establecimiento de metas cuantitativas, previa investigación inteligente y realista de nuestras reservas, adquiere especial relevancia. En todo proceso productivo hay insumos críticos que condicionan severamente la actividad industrial y la productividad del sector agropecuario. Es respecto de ellos que adquiere verdadero sentido el concepto de autosuficiencia y ruptura de la dependencia.

Esta es la otra área hacia dónde deben canalizarse los esfuerzos del sector público y privado, ya sea actuando en forma
independiente o conjunta.

El ámbito de la actividad económica

La trascendencia del Estado en la actividad económica depende de su grado de ingerencia en este campo, así como de la
modalidad y calidad de su participación.

En la función empresarial el Estado tendrá un papel protagonice o complementario de la acción privada, según las circunstancias presentes o futuras así lo aconsejen. Debe destacarse como un deber ineludible la idoneidad con que el Estado asuma dicho rol, materializado a través de su gestión empresarial.

La empresa del Estado no es un vehículo para alimentar una desocupación disfrazada o para transformarse en fuente de trabajo o de ingresos de quienes circunstancialmente ejercen el manejo de la cosa pública. Es el camino para satisfacer básicas necesidades de la comunidad.

La experiencia indica que nadie critica a una empresa por el solo hecho de ser del Estado, sino por el resultado de su gestión.
Nadie reaccionará contra el control y supervisión que el Estadorealiza sobre el quehacer económico, si éste es llevado a cabo no sólo con honestidad sino también con idoneidad, y si tanto el Estado como el sector privado se hallan plenamente identificados con un Proyecto Nacional, un fin superior en el que no caben mezquindades ni turbios manejos especulativos.

De lo expresado surge como de imperiosa necesidad el intensificar el proceso de formación y perfeccionamiento del funcionario público.

La función pública debe ser ejercida con idoneidad técnica y capacidad de decisión. Pero estas cualidades, necesariamente, tienen que sustentarse en la adhesión plena por parte del funcionario a la idea de que él es parte integrante de una comunidad que busca perfilar un Proyecto Nacional, ante cuyos fines superiores quedan relegados los objetivos meramente individuales o sectoriales.

El rol del capital extranjero

Argentina ha sido siempre un país abierto a la participación externa; también lo será en el futuro, pero es imprescindible disciplinar dicha participación determinando áreas de su injerencia y el rol que debe cumplir en nuestra vida social, política y económica.

Ningún país es realmente libre si no ejerce plenamente el poder de decisión sobre la explotación, uso y comercialización de sus recursos y sobre el empleo de sus factores productivos. Por ello es necesario determinar las reglas del juego que habrán de regir la participación del capital extranjero y, una vez establecidas, asegurar su estabilidad y fundamentalmente hacerlas cumplir.

El progreso económico dependerá exclusivamente de nuestro propio esfuerzo; de allí que el capital extranjero deba tomarse
como un complemento y no como factor determinante e irremplazable del desarrollo.

La formación y distribución del ingreso

La elevación permanente y sostenida del nivel de ingresos y su distribución con criterio de justicia social es, y así debiera
reconocerse unánimemente, la finalidad de todo proceso de desarrollo.

Poco nos dirán los impactantes índices de crecimiento global, si no vienen acompañados de una más equitativa distribución personal y funcional de los ingresos; que termine definitivamente con su concentración en reducidos núcleos o élites que han sido causantes de costosos conflictos sociales.

Debemos crear el país del futuro para las generaciones venideras, pero partiendo de la base que las presentes deben participar
plenamente en su configuración.

Sería socialmente injusto que con el objeto de acelerar el desarrollo se afectasen ostensiblemente las posibilidades de realización de quienes precisamente lo generan. Por otra parte, es estrictamente inaceptable que este desarrollo se materialice a expensas de los más necesitados.

El costo debe ser repartido proporcionalmente, de acuerdo con las posibilidades de cada uno.

Cuando se habla de distribución funcional, suele predicarse que para favorecer el proceso de crecimiento económico es conveniente remunerar en una mayor proporción al factor capital y empresarial en detrimento del trabajo. Aún cuando esto técnicamente pudiera tener visos de realidad, es socialmente injusto y por lo tanto debe desecharse de nuestra doctrina nacional.

Por el contrario, es condición necesaria estimular sostenidamente a este último factor que precisamente está integrado por los
estratos más bajos de la escala social y para ello debe intensificarse el uso del los diversos mecanismos que incrementen el ingreso real, tarea en la cual el Estado tiene una responsabilidad impostergable.

La solución del déficit habitacional; la ampliación y difusión de los servicios que hacen a las necesidades primarias, a la educación y al esparcimiento; los subsidios a la familia numerosa y a las clases pasivas son meros ejemplos de lo que el Estado debe concretaren forma amplia y eficiente, o sea cuantitativa y cualitativamente en relación con la necesidad.

La inflación, cualquiera sea su origen, tanto como el control de la oferta y por ende de los precios, por parte de estructuras con
poder monopolice, en todos los casos terminan con una distorsión del ingreso y generan una distribución regresiva del mismo.

Es aquí también donde el Estado debe estar presente y para ello no bastará atacar los efectos, sino las causas que los originan.

En este quehacer deberá actuar con el máximo poder que le confieren sus facultades.

No es suficiente que exista además de una adecuada tasa global de crecimiento, una buena distribución personal y funcional, si
regionalmente existen notorios desniveles.

La sociedad argentina está integrada por el hombre de la ciudad y del campo; de las grandes urbes y de los pequeños conglomerados, aún de aquellos ubicados en la zona fronteriza. Todos deben participar en el esfuerzo, pero todos deben, también, gozar de los beneficios.

La distribución regional de los ingresos debe ser también motivo de especial preocupación no sólo del Estado, sino de toda la
comunidad. Los gobiernos provinciales, en pleno uso de las facultades que otorga un sistema federal, deben poner todo de sí y crear conciencia popular de solidaridad para ayudar a las áreas sumergidas.

Mientras exista una sola familia cuyo ingreso esté sólo en un mero nivel de subsistencia o, peor aún, por debajo de éste, no
habremos logrado en modo alguno un nivel económico con justicia social.

Con respecto al capital extranjero, sena utópico pretender que no reciba una participación por su aporte en el quehacer nacional.

No es esto lo que realmente importa, sino las fuentes que dan lugar a tales ingresos. Es por ello que la comunidad en general y
el Estado en particular deben definirlas con claridad.

Existen empresas y organizaciones internacionales que aún hoy persisten en manejarse con pautas de explotación y especulación, sin darse cuenta que los países del presente, por pequeños que sean, han aprendido la lección y van ejerciendo cada día con mayor vigor la defensa de sus propios intereses.

Nuestra patria ha avanzado en tal sentido, pero es necesario lograr aún mayores progresos. No podemos olvidar que somos los únicos responsables de los éxitos o fracasos que el país experimenta.

Cabe aquí recordar, nuevamente, lo expresado en materia de capacitación de nuestros hombres públicos, funcionarios y aún
empresarios. Sólo una firme formación moral y una elevada idoneidad técnica, permitirán seleccionar adecuadamente las fuentes que dejan un beneficio real para el país.

El Agro

El mundo actual observa, con creciente preocupación, el paulatino agotamiento de los recursos naturales, al punto de temer el
desencadenamiento de una crisis en materia de productos esenciales para la subsistencia de la humanidad.

Nuestro país, en tal sentido, resulta un privilegiado de la naturaleza y una esperanza para la sociedad en la etapa universalista,
en razón de sus potencialidades en materia de recursos naturales.
De allí que la definición de una política estable y definida para el agro constituya una responsabilidad ineludible de las generaciones del presente para con las del futuro.

Esta política debe señalar con precisión los objetivos a alcanzar en materia de colonización, infraestructura, régimen de
tenencia de la tierra, explotación, investigación, capacitación e incentivos, para lograr a la vez una fuente continua de riqueza
para el país y un aporte vital para el mundo del futuro con criterio de solidaridad universal.

Ambos conceptos, fuente sostenida de riqueza y solidaridad universal, implican necesariamente hacer un uso racional de nuestras tierras aptas como así también realizar un esfuerzo sostenido para agregar a éstas las hoy ociosas o deprimidas.

La colonización de nuestras tierras adquiere, en razón de lo expuesto, una importancia tal vez superior a la que se le asignara
en épocas pasadas, pero simultáneamente, es amenazada por mayores condicionamientos y dificultades.

El paulatino desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos; las necesidades propias de la vida moderna; la
complejidad de los medios técnicos y niveles de inversión requeridos para la explotación agrícola, son aspectos que condicionan el logro de este objetivo.

No podrá pensarse en colonizar, si previamente no creamos los medios que aseguren a los inmigrantes que necesitaremos condiciones de vida propicias para su desplazamiento. Ello, indudablemente, implica un esfuerzo económico de magnitud trascendente y una planificación detallada con determinación de prioridades. En tal sentido, será preferible un plan con metas no excesivamente ambiciosas, escalonadas en el tiempo y por zonas, pero basado en posibilidades reales de concreción, a otro ambicioso que permanezca en el plano teórico o sea usado como mera herramienta de propaganda ideológica o partidista.

Simultáneamente con la creación de la infraestructura destinada a hacer digna la vida de la población rural, será necesario
considerar la requerida para posibilitar la explotación de las tierras en condiciones de productividad creciente y de agilización de las etapas de distribución, almacenaje y comercialización de los productos.

Entendemos que la tenencia de la tierra implica la responsabilidad de no atentar contra la finalidad social que debe satisfacer
la explotación agraria. Dicha finalidad sólo se cubrirá cuando la tierra sea explotada en su totalidad y en relación con su aptitud real y potencial, tomando el lucro como un estímulo y no como un fin en sí mismo.

La tierra no es básicamente un bien de renta sino un bien de trabajo. El trabajo todo lo dignifica.

La explotación de las tierras implica considerar un dimensionamiento óptimo y una, conservación adecuada del suelo; ambos
aspectos deben ser evaluados dentro de un contexto eminentemente técnico, y con miras a lograr consenso y no enfrentamiento de grupos o sectores.

La experiencia indica que muchas discusiones, particularmente en lo que concierne a la subdivisión de las tierras, se han orientado, o han sido fuertemente condicionadas, por razones meramente ideológicas más que de beneficio para la sociedad en su conjunto.

La actividad productiva dentro del sector primario no ha escapado a la influencia de la continua revolución tecnológica que es
un signo de nuestros tiempos. Más aún, puede observarse que en los últimos años se hacen denodados esfuerzos para lograr nuevos procedimientos que compensen la no reproductividad de la tierra con el crecimiento sostenido de la población mundial.

La República Argentina, como poseedora de un vasto territorio con aptitud especial para su explotación, no puede, bajo ningún concepto, quedar rezagada tanto en el uso de tales nuevos procedimientos como en el proceso de investigación.

La creación y estímulo para lograr una conciencia en esta materia debe ser responsabilidad no sólo del Estado, sino también
de los sectores privados que participan en esta actividad.

Los actuales centros de experimentación y de formación de mano de obra capacitada, necesitan contar con el decidido apoyo
público y privado. Pero éstos, a su vez, deben basar sus planes de acción sobre objetivos y metas concretas y acordes con las posibilidades del país.

No resulta novedoso señalar la natural resistencia de muchos trabajadores rurales a la implantación de nuevos métodos, procedimientos y herramientas tendientes a proteger el suelo, incrementar la productividad y cultivar nuevas especies. Sin embargo, pareciera que los esfuerzos para lograr un cambio radical y definitivo resultan todavía insuficientes.

Por tal motivo, el Estado en particular y las organizaciones rurales en general, deberán coordinar sus esfuerzos a fin de profundizar los cambios y hacer evidentes los beneficios que los mismos traerán aparejados. Un hombre de campo con una mentalidad moderna y de futuro es el factor insustituible del progreso del sector, más allá de toda medida administrativa o de estímulo a la actividad.

Todo lo señalado hasta este punto implica un esfuerzo económico - financiero que va más allá de las posibilidades del sector y, por tal razón, el Estado debe ineludiblemente acudir como apoyo real y estímulo, como así también, hacer un uso intenso de su poder como fiscalizador, control y regulador.

En cuanto al apoyo, éste debe materializarse a lo largo de lodo el espectro de actividades que directa o indirectamente hace al
quehacer agrario; desde la capacitación técnica, hasta la creación de condiciones para la explotación; pasando por el apoyo financiero para las distintas etapas de la producción y comercialización.

Sólo podremos exigir el cumplimiento de un compromiso social si previamente facilitamos los medios básicos para llevarlo a
cabo.

El asesoramiento técnico, el apoyo crediticio, la política fiscal y el desarrollo de cooperativas agrarias, son instrumentos que
deben usarse en forma intensa, particularmente para aquellos que se encuentran en inferioridad de condiciones para producir.

El apoyo para lograr el aprovechamiento de las zonas ociosas debe ser motivo de especial preferencia, pero una vez satisfechas adecuadamente las necesidades de las zonas aptas.

En su función fiscalizadora, de control y regulación, el Estado debe previamente definir con absoluta claridad su participación,
y una vez logrado el consenso general se deberá proceder sin solución de continuidad.

Nuevamente aquí la política fiscal cumple un decidido papel para obligar a la explotación racional de los recursos, evitando
capacidades ociosas. Producir cada día más, manteniendo la fertilidad de las tierras, debe ser criterio rector.

La intervención directa en el proceso de comercialización interna y externa, así como también en la fijación de precios que
aseguren un beneficio normal y una eliminación de la incertidlumbre del futuro, son también responsabilidades que el Estado
no debe bajo ningún concepto delegar y menos aún olvidar.

La Industria

El sector industrial ha ido creciendo en la Argentina hasta convertirse en parte importantísima de la actividad económica,
de ahí la necesidad de delinear, a grandes trazos, cuáles serán las pautas que han de regir el comportamiento de ese sector dentro de la comunidad que anhelamos.

Nos parece evidente que nadie puede, razonablemente, dudar que la planificación es imprescindible, de ahí que, una vez identificadas las necesidades auténticas de la sociedad, habrá que cuantificarlas. Deberá, entonces, determinarse cuánto y qué producirá el Estado; cuánto y qué el sector privado.

En lo que concierne a la actividad industrial estatal, la planificación será estricta y la coordinación de los esfuerzos máxima.
Para el quehacer privado se establecerán marcos —con la flexibilidad que las circunstancias sugieran— dentro de los cuales el
empresariado desenvolverá su capacidad creativa.

Si tanto el Estado como el sector privado comprenden que su meta es la misma —el bienestar de toda la comunidad— la determinación de los límites de acción no puede ser conflictiva.

Sin embargo, el Estado deberá evitar que estos marcos que encuadran la actividad privada sean excesivamente cambiantes o
confusos, pues esto sumiría al empresariado en la incertidumbre, desalentaría las inversiones y fomentaría la especulación.

El capital foráneo ocupará también un lugar dentro del esquema industrial, aquel lugar que el país juzgue conveniente para
sus propios intereses. Hay que tener siempre presente que aquella nación que pierde el control de su economía, pierde su soberanía. Habrá que evitar, entonces, que esa participación extranjera —en forma visible o embozada— llegue al punto de hacernos perder el poder de decidir.

Ya he afirmado, y volveré más adelante sobre esto, que la tecnología es uno de los más fuertes factores de dependencia en
la actualidad. Resulta importante enfatizar que este hecho se agudiza en el caso del sector industrial.

Si nuestra industria es ya fuerte, en el Modelo la deseamos aún mucho más importante. Necesita, entonces, una tecnología
que cimente su desarrollo, pero esta necesidad no debe instrumentar la acción de un poderoso factor de dependencia.

La alternativa surge clara: tenemos que desarrollar en el país la tecnología que nutra permanentemente a nuestra industria.

Estado y sector privado deben volcar todos sus esfuerzos en ese sentido, cada uno en la medida de sus posibilidades. El gasto
en investigación y desarrollo debe ser tan grande como jamás lo haya sido hasta ahora, pero tan bien programado como para soslayar cualquier posibilidad de despilfarro. Deben aprenderse bien estos conceptos, pues son absolutamente esenciales: sin tecnología nacional no habrá una industria realmente argentina, y sin tal industria podrá existir crecimiento pero nunca desarrollo.

La tarca que se propone no es fácil. Hay que remendar la herencia de un esquema ferozmente competitivo, en el que sólo
primaban fines solitarios o simplemente grupales que dieron lugar a una batalla entre intereses, de la cual generalmente salieron mal parados los más débiles. El sector industrial privado es ahora convocado a colaborar, con su quehacer específico, bajo una perspectiva totalmente distinta. El Estado debe orientarlo en su acción, señalándole claramente cuál ha de ser el rol en los programas de desarrollo y haciéndolo participar activamente en la elaboración de la política económica. No deben quedar dudas de que cuando hablo de sector privado industrial, me refiero tanto a empresarios como a trabajadores, nucleados unos y otros en sus organizaciones naturales.

Si, como ya afinrré; el mercado no constituirá la referencia fundamental en la determinación de las necesidades auténticas
de la comunidad, el sistema de precios no será —en algunos sectores— el impulsor de las decisiones de inversión. El Estado tendrá entonces que suplir este posible déficit, ya sea mediante su acción directa como inversor o bien indirectamente a través de su política económica.

Al Estado le cabe también la responsabilidad de relevar asiduamente el comportamiento del sector industrial en su conjunto,
en una acción fiscalizadora, tanto de control como de apoyo.

Por otra parte, es imprescindible que el sector privado continúe fortaleciendo su mentalidad exportadora, a lo que contribuirán
seguramente el desarrollo de una tecnología íntegramente nacional, acorde con los más altos niveles alcanzados mundialmente y la eficacia en el manejo de la política internacional del gobierno.

Volveré sobre alguna de estas cuestiones cuando me refiera al papel que en nuestra futura comunidad debe desempeñar el
empresariado.

En síntesis, es menester dejar sentado que los sectores público y privado han de concertar firmemente su acción en los planes de desarrollo industrial que conjuntamente determinarán. Cada uno de ellos actuará a través de sus organizaciones y ambos deben reconocer ampliamente que uno de los factores de producción, el trabajo, necesita participar en forma auténtica de los beneficios que tan esencialmente concurre a gestar.