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PROYECTO NACIONAL
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SEGUNDA PARTE
EL MODELO ARGENTINO
DESARROLLO
CAPÍTULO 7
LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
En este terreno he insistido que nuestra posición es la de proceder a realizar una revolución en paz. Eso significa que todo lo debemos hacer dentro de la ley y que nada debe realizarse fuera de su alcance.
Ya he dicho en la sección histórica de este trabajo que debemos corregir el defecto de creación de las instituciones jurídicas que provienen del liberalismo, por el cual primero se dictaba la norma y luego se procedía a la asignación de funciones. Nosotros deberemos actuar precisamente a la inversa. Es decir, que en primer lugar se establecerán las funciones requeridas y luego dictaremos la norma que resulte adecuada para el fin propuesto.
Así concibo la raíz del problema institucional de nuestra futura comunidad. De ello nace la necesidad de trabajar con programación institucional, y de realizar un control permanente de la eficiencia del sistema de normas y de cada una de éstas en particular.
La democracia social y la programación institucional
He definido a la democracia que
debemos consolidar como una Democracia Social. Consecuentemente con ello,
nuestra forma de gobierno deberá ser: representativa, republicana, federal y
social.
Social por su naturaleza, por sus objetivos y por su desenvolvimiento; libre
de preconcepciones dogmáticas y de extremismos.
Social en fin, en un sentido intrínsecamente cristiano.
En la democracia que deseamos, no existirá incompatibilidad alguna entre la
permanente actualización de la libertad individual y una prescindible
planificación con adecuados recaudos de flexibilidad.
Definida en estos términos la futura sociedad argentina, el mejor camino para alcanzarla es gobernar sobre la base de una minuciosa programación.
Datos para la programación institucional
Los siguientes son los datos básicos para la programación institucional que propongo:
-Se concibe el país como un verdadero sistema. En el mismo, el campo institucional estructura el marco y establece las reglas de juego fundamentales de tal sistema, en términos jurídicos.
-Se pide al sistema eficiencia social mínima. Para ello, la planificación es un instrumento; y el gobierno con planificación un método de gobierno.
-El sistema debe funcionar con participación de todos los entes representativos de la comunidad.
La participación dentro de
nuestra democracia social deberá funcionar de una manera real y efectiva. El
ciudadano se expresa como tal a través de los partidos políticos, cuyo
eficiente funcionamiento ha dado, tradicionalmente, al Honorable Congreso
Nacional su capacidad de crear historia a través del voto de las leyes.
Pero también se expresa a través de su condición de trabajador, intelectual,
empresario, militar, sacerdote, etc. Como tal tiene que organizarse para
participar en otro tipo de recinto, como puede ser el Consejo para el Proyecto
Nacional.
La tarea en este Consejo debería enfocarse hacia esa obra en la cual todo el país tiene que empeñarse: el Proyecto Nacional.
Todas estas cuestiones deberán ser obviamente tanteadas a través de los mecanismos legales correspondientes para que adquieran la vigencia necesaria.
En todos los casos, se trata de una comunidad que desarrolla el máximo respeto a los derechos de las mayorías y de las minorías;
y que
institucionalice concretamente este respeto mediante crite-
rios normativos que aseguren su representación.
El método de trabajo institucional
La democracia social requiere que la programación institucional sea instalada en su seno como un proceso y no como un evento transitorio; que actúe con fines similares a los que rigen la planificación en los demás campos de la actividad social integrada; que sea conducida en forma interdisciplinaria; que los juristas que participen en la labor interdisciplinaria tengan como objetivo programar la norma para mañana antes que el código que consolida lo pasado; y que se hallen dispuestos a crear todas las nuevas instituciones jurídicas que la transformación requiera, sin ataduras de ninguna naturaleza.
Las normas que se establezcan,
tendrán que contener también un sistema de control de su propia eficiencia,
para proveer a su corrección oportuna. De lo contrario, todo nuestro esfuerzo
jurídico-
institucional, estaría dirigido a cristalizar lo que ya cambió. Configuraría
un freno al ajuste necesario y, en cierta medida, una consolidación de valores
no necesariamente deseables.
Es obvio que esto no significa desestimar el valor de la construcción pasada. Sólo quiere poner énfasis en la necesidad de una práctica creativa para anticipar los ajustes necesarios.
La adecuación institucional
El camino a seguirse para efectuar los ajustes institucionales necesarios, deberá partir, naturalmente, de una reforma de la Constitución Nacional. Para ello, es preciso recoger las opiniones de los distintos sectores representativos de la comunidad argentina.
De esta forma, seremos fieles al principio de que las grandes realizaciones no se llevan a cabo sino con la participación de todo.
Con respecto a nuestra
Constitución Nacional, es necesario tener en cuenta que deberá servir no sólo
a una Nación que quiere alcanzar una fisonomía interna de comunidad
organizada. También estará al servicio de un país que busca desempeñar un
papel protagónico en la realización continental, etapa previa del futuro
universalismo.
